23 de julio de 2007

LA PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES DE PAN AMERICAN ENERGY.

El 25 de junio, el Gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta firmó con la empresa Pan American Energy (PAE) un "Acuerdo para la Implementación de un Compromiso de Inversiones en Áreas Hidrocaburíferas de la Provincia de Santa Cruz", que prorroga el plazo de las Concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos que la empresa Pan American tiene otorgadas sobre las áreas de Cerro Dragón, Piedra Clavada y Koluel Kaike, todas de la Cuenca del Golfo San Jorge.

 

Este Acuerdo debería ser  la primera demostración del ejercicio pleno de los derechos de dominio de las Provincias sobre sus recursos estratégicos, luego de la transferencia de dominio realizada pr la ley 26.197. Sin embargo, nada está más lejos de ello: es un Acuerdo claudicante, al que se trata de cubrir de una legalidad endeble.

 

El 25 de junio, el Gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta firmó con la empresa Pan American Energy (PAE) un "Acuerdo para la Implementación de un Compromiso de Inversiones en Áreas Hidrocaburíferas de la Provincia de Santa Cruz". El acuerdo prorroga el plazo de las Concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos que la empresa Pan American tiene otorgadas sobre las áreas de Cerro Dragón, Piedra Clavada y Koluel Kaike, todas de la Cuenca del Golfo San Jorge.

 

Este es el Acuerdo del que todos hablan y que casi nadie hasta ahora vio. Sin embargo, el Acuerdo tiene un antecedente: el Acuerdo gemelo firmado el 27 de abril entre Pan American y la Provincia del Chubut, que fuera aprobado por la legislatura del Chubut por Ley 5.616, y que entró en vigencia el pasado 28 de mayo.

 

Para situarnos en el tema, sería bueno tener una verdadera dimensión de lo que estamos hablando. El yacimiento de Cerro Dragón es el más productivo del país. Posee unos 2.200 pozos petroleros repartidos entre las provincias de Chubut (90%) y Santa Cruz (10%) y de él se extraen 5,7 millones de metros cúbicos de gas por día y 15 mil metros cúbicos de petróleo por día. A esto hay que sumar la no menos importante producción de los restantes yacimientos de Pan American que también se incluyen en los Acuerdos.

 

Los Acuerdos firmados por las Provincias de Santa Cruz y de Chubut son la culminación de un largo proceso: el proceso a través del cual las Provincias productoras de hidrocarburos consolidaron su dominio originario sobre estos recursos naturales. Si bien la Reforma Constitucional de 1994 reconoció tal dominio provincial en su artículo 124º, los avatares del país prorrogaron la efectiva transferencia del dominio de los hidrocarburos desde la Nación a las Provincias hasta la entrada en vigencia de la ley 26.197, el 3 de enero de 2007.

 

Estos Acuerdos deberían ser entonces la primera demostración del ejercicio pleno de los derechos de dominio de las Provincias sobre sus recursos estratégicos, o sea, del efectivo ejercicio de sus autonomías provinciales. Sin embargo, nada está más lejos de ello. No son Acuerdos ejemplares. Se trata de Acuerdos claudicantes, a los que se trata de cubrir de una legalidad endeble.

 

Vamos a resumir los principales puntos del Acuerdo celebrado con la Provincia de Chubut, el único que tenemos a la vista:

 

1) La empresa Pan American se compromete a invertir de aquí hasta el vencimiento del período original de la Concesión, o sea hasta el año 2017, la suma de u$s 2.000 millones en explotación (la mayor parte de las cuales no son inversiones propiamente dichas, sino costos de explotación) y la ridícula cifra de u$s 80 millones en exploración hidrocarburífera. Cabe señalar que la obligación de invertir es una obligación contractual de PAE, y no una dádiva a las Provincias Contratantes.

 

2) A cambio, la Provincia prorroga la Concesión por diez años (hasta el año 2027). Aquí hay que hacer la salvedad de que artículo 35 de la ley 17.319 de Hidrocarburos prevé la posibilidad de prorrogar el Contrato de Concesión por sólo otros 10 años, pero dicha prorroga debería ser otorgada a su vencimiento (o sea, en 2017) y "¿siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la Concesión¿". La prórroga debería ser un premio por el buen cumplimento del contrato. Sin embargo, a través del Acuerdo la prórroga se otorga diez años antes de que podamos saber si la empresa efectivamente cumplió o no con sus obligaciones contractuales.

 

3) Si PAE invierte otros u$s 1.000 millones entre 2.017 y 2.026, se prevé que al vencimiento del plazo de prórroga pueda continuar operando las áreas concesionadas por otros 20 años. Si bien la figura jurídica es una "continuación de la operación" asociada con Petrominera en Chubut (y muy probablemente con Fomicruz en Santa Cruz), en los hechos se trata de una prórroga que en total suma 30 años, cuando la vigencia máxima de un Contrato de Explotación de Hidrocarburos es, según la ley 17.329, de 35 años (25 años del contrato original más 10 de prórroga). Una prorroga de estas características implicará muy probablemente el agotamiento total del yacimiento.

 

4) Durante el plazo de la prórroga, la Provincia no podrá incrementar directa e indirectamente el valor de las regalías ni los tributos provinciales ni municipales. Esto implica que durante los 30 años la regalía mantendría el valor actual del 12%. Sin embargo, se debe considerar que en las negociaciones en materias de hidrocarburos alrededor del mundo, se están estipulando regalías del 30% y que suelen llegar hasta el 50% del valor del crudo. Como vemos, nuestro ejemplar acuerdo no puede ni siquiera garantizar una mejor y más real participación de la Provincia en la renta petrolera originada en los recursos que son de su dominio originario.

 

5) A la regalía actual habría que sumar un compromiso de PAE de reconocer un aporte especial del 3% de los ingresos netos correspondientes a las operaciones de los yacimientos concesionados. Esto no implica ni siquiera una regalía del 15%, ya que este aporte especial no se calcula sobre el precio del crudo en boca de pozo, sino sobre el precio de venta de los hidrocarburos una vez deducidos impuestos, regalías y gastos de transporte y de almacenaje.

 

6) Además de todas estas concesiones, la Provincia exime a PAE del impuesto de sellos que se debería ingresar por el Acuerdo. Los cálculos para el Acuerdo de Chubut arrojan que tal salvedad implican una gracia de u$s 15 millones.

 

7) El cumplimiento efectivo del Acuerdo por parte de PAE esta sujeto a algunos presupuestos ajenos a la voluntad de las partes, tales como el mantenimiento del barril de petróleo en un precio no inferior al percibido por PAE en la provincia durante el primer trimestre de 2006, o que el Estado Nacional no establezca restricciones a las exportaciones de hidrocarburos o no eleve las retenciones ala exportación. La modificación de tales presupuestos prorroga automáticamente el plazo para que PAE cumpla con sus inversiones, por todo el tiempo en que tal situación se mantenga, lo que implica en los hechos que el Acuerdo libera a PAE de su obligación de cumplirlo. Para colmo, el incumplimiento del Acuerdo por parte de la Provincia da derecho a PAE a reclamar el resarcimiento de todos los daños y perjuicios, pero si es PAE quien incumple el contrato, la Provincia sólo podrá sancionarla con la caducidad de la Concesión.

 

Como vemos, este llamado "compromiso de inversión" es en realidad una "prórroga anticipada de la Concesión" a través de la cual la Provincia acuerda mantener las condiciones actuales de contratación por un plazo de 30 años, o lo que es lo mismo, hasta el efectivo agotamiento del recurso. De esta manera, y a cambio de escasa concesiones por parte de PAE, renuncia a discutir la renta petrolera y a ejercer en forma plena el dominio originario de sus recursos.

 

Ahora bien ¿Es éste, como dijo Daniel Peralta, el mejor acuerdo posible? ¿Por qué negociar ahora de manera anticipada la prórroga de la Concesión? ¿No estaríamos en mejor posición al vencimiento de los plazos legales, en 2017?

 

Quizás la respuesta a estas preguntas pueda encontrase en intereses ajenos a la Provincia: por un lado, el interés del Estado Nacional de que PAE renuncie a su juicio en el CIADI por u$s 2.300 millones. Por el otro, el interés de PAE por conseguir financiamiento para cumplir sus obligaciones contractuales (la empresa ha anunciado la obtención de un crédito del CFI del Banco Mundial por u$s 550 millones, el mayor crédito en la historia del organismo).

 

El vicepresidente de Asuntos Públicos de Pan American dijo confiado a diario la Nación que en Chubut "el proceso administrativo, la decisión gubernamental y la ratificación legislativa" estaban terminados y que por lo tanto, no había vía política de revisión. En Santa Cruz, resta tan sólo la aprobación por la Legislatura, donde la mayoría legislativa oficialista ya señaló su apoyo a la convalidación del Convenio (aunque todavía no lo hayan leído). La legalidad esencial para la seguridad jurídica de los negocios, sea derecha o algo torcida, parece entonces asegurada. Sin embargo, como en el cuento, aunque todo el mundo insista de que el rey está vestido con el ropaje de la legalidad, la incontrastable realidad nos indica otra cosa: el rey esta desnudo. Y esa desnudez, en este caso, se llama "entrega".