18 de julio de 2018

"El exponente se explayó principalmente en lo referente a "los embarazos en menores de 15 años", consignó que "la mayoría de ellos" es producto de "abuso sexual por violencia familiar" y evaluó que no se puede "obligar a una niña adolescente, que no ha terminado de crecer, de llevar a término un embarazo forzado es una violación a sus derechos humanos". 

"El aborto legal es el reconocimiento de la autonomía de las mujeres", enfatizó Escobar. A continuación habló el abogado experto internacional en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Carlos Romano, quien aludió a diversos protocolos internacionales en la materia y cerró su alocución advirtiendo que "este debate está demostrando el poco conocimiento y manejo de derechos humanos que estamos teniendo en la Argentina". 

"No se es persona de a poco, porque tampoco se va a dejar de serlo de a poco", definió antes de pedir que "no tiene que morir nadie, frenen el tren". De inmediato la médica clínica Bárbara Finn remarcó que "desde la ciencia no cabe duda de que la existencia de la vida humana es desde la concepción", destacó que " no podemos poner la autonomía materna por sobre otra vida" y reclamó que, a través de una legislación, "protejan a la madre vulnerable y al niño por nacer". 

Solange Verón, abogada especialista en Derechos Humanos de la Agrupación La Hoguera de Ushuaia, informó que "Tierra del Fuego tiene protocolo de interrupción legal del embarazo", puso de manifiesto "el poder de decidir" que tienen las mujeres embarazadas y enfatizó que "no somos envases, decidimos por derecho propio". 

Solicitó a los senadores apoyar el proyecto de ley en discusión ya que "de no hacerlo van a continuar avalando el aborto clandestino". 

Seguidamente, el filósofo José Quarracino, integrante de la Organización Pro Vida, cuestionó la iniciativa que está en debate al sostener que la misma "dice que el aborto es un derecho antes de la semana 14 y después dice que es un crimen pasadas las 14 semanas. 

Suena contradictorio, bipolar" y aclaró que "no dice nada del esposo y el padre" como tampoco hace referencia "qué se hace con los restos fetales abortados". Stella Maris Manzano, médica especialista en tocoginecología y medicina legal de Chubut, reveló que en su actividad hace abortos "para salvar vidas de mujeres" y aclaró que "los fetos son viables a las 24 semanas. 

A partir de allí los médicos hablamos de partos". Puntualizó que "es cien veces menos peligroso un aborto que un parto o que colocarse una inyección de penicilina". 

Luego se presentó Mónica Rodríguez, médica pediatra de La Pampa y miembro de Mujeres por la Solidaridad, quien se pronunció a favor de la sanción de la ley "para que nunca más el aborto sea clandestino y nuestros cuerpos sean tutelados". 

De inmediato avaló la concreción de "un sistema mixto: es decir voluntaria hasta la semana 14 y después de ella por causales". A su turno, la doctora en psicología especializada en Salud Pública Alicia Stolkiner remarcó que actualmente "hay un hecho invisibilizado en este país, que es el tráfico de niños" y por otra parte apuntó que "ahora las adolescentes embarazas son presionadas para abortar y el proyecto en tratamiento establece que la joven sea escuchada". 

Julia Martino, que forma parte de la Asociación Civil Carolina Muzzilli, reseño las tareas que lleva adelante "la Campaña por el derecho al aborto" que ejecutan desde algunos años y abogó para que los senadores "aprueben sin modificaciones la media sanción que vino de Diputados" aunque reconoció que "como toda ley es perfectible".

Por su parte Roque Carrero Valenzuela, del Colegio Médico de Tucumán, fue contundente respecto a su oposición contraria al proyecto al calificar "el aborto legal es el genocidio más grave de la historia" y les advirtió a los legisladores que de aprobarlo "incurrirían en traición a la patria". 

Posteriormente, María de Urraza, médica del servicio de obstetricia del hospital "Mi Pueblo" de Florencio Varela, fue muy crítica al proyecto y puso fin a su pronunciamiento argumentando que "nunca vamos a ver como una opción civilizada matar a nuestros hijos". 

El duodécimo orador fue el secretario de Salud del municipio bonaerense de San Miguel, Pablo De la Torre, consideró que "de aprobarse habrá niños argentinos que en democracia no van a poder nacer, jugar, amar y llorar". Subrayó que "hay que tomar medidas que resuelvan problemas de fondo, y el aborto no lo es" y contó los trabajos que desarrollan en su comuna "brindando apoyo a las mujeres embarazadas y a sus hijos". 

La parlamentaria del Mercosur y exdiputada nacional, María Luisa Storani, reclamó que "no se milite por el veto presidencial en caso de que se apruebe" la norma en la sesión del miércoles 8 de agosto, e identificó en tal sentido al arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Fernández, "que ya pidió que el presidente Macri vete la ley".  "Por favor, respeten la autonomía de las mujeres. Dejen que decidamos las mujeres", pidió. 

El siguiente orador fue el abogado Octavio Lo Prete. Luego de aclarar que hablaba a título personal, Lo Prete leyó un texto en el que defendió la libertad religiosa y la libertad de conciencia. "No existe libertad de conciencia sin objeción de conciencia. La libertad de conciencia también es un derecho humano", señaló. 

Le siguió el turno a la médica legista Verónica Vergara de la Fuente. Criticó la media sanción que vino de Diputados diciendo que "en ningún momento se contempla la maternidad vulnerable sino que está sesgado en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo". En su exposición consideró que el objeto del proyecto "no es un tema de salud pública". 

Continuó haciendo uso de la palabra el médico Jorge Ramacciotti, del grupo Por la Vida de Tucumán. El facultativo manifestó su oposición al proyecto en debate y expresó que "quienes impulsaron el tema han cumplido el objetivo de instalar el tema. Un tema muchos veces negado y ocultado".

La senadora por Mendoza, Pamela Verasay, respondió al expositor que "no fue un grupo de personas el que instaló el debate, sino el presidente Macri en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso". 

Ramacciotti opinó que "en su momento la Fundación Ford esterilizaba mujeres en Centroamérica. En aquel momento esterilizaban, ahora promueven el aborto". El médico tucumano dijo que "es posible con contención, acompañamiento y justicia social, darle una alternativa a esa mujer y tratar de que llegue a fin con su embarazo". 

Continuó exponiendo el médico Víctor Urbani, exministro de Salud de la provincia de Jujuy. Urbani señaló que "en el año 2015 en la Argentina murieron 339 mujeres por causas de mortalidad materna. De ellas, 55 fueron casos de aborto". De estudios realizados en la provincia de Jujuy durante 10 años, detalló que "el aborto fue causa de muerte en el 28,3 % de las muertes por mortalidad materna". 

Urbani concluyó que "el aborto es un grave problema de salud pública". Luego habló ante los senadores el médico Guillermo Kerz, vicepresidente de la Agrupación Civil Médicos por la Vida. El facultativo criticó el proyecto en debate señalando que "la eliminación violenta de una vida muestra la peor cara de decidir sin libertad". Kerz reivindicó la objeción de conciencia recordando su juramento hipocrático. 

El siguiente orador fue el médico Eduardo Valenti, director del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Valenti habló en nombre de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, entidad que, dijo, "nuclea a mil médicos de los 2.800 médicos de la especialidad en todo el país". Con gráficos exhibió un muestreo estadístico entre sus asociados, del que participaron más de 400 del total de 1.000. Destacó que el 64 % de los participantes de dicha encuesta se mostraron "a favor de la despenalización y que cuando se consultaba a mujeres ese guarismo creció al 71%". 

Valenti defendió la objeción de conciencia individual y reclamó "elasticidad para las instituciones de corte confesional". En su exposición dijo que el "debate es por el aborto inseguro o el aborto seguro; el aborto no es de las pobres, es de todas las clases sociales; pero la muerte por aborto es de una clase social". 

A continuación habló Daiana Asquini, presidenta de la Defensoría de Mujeres y disidencias del Partido Piquetero. Asquini se manifestó a favor del proyecto en debate y reclamó el apoyo de los senadores a la iniciativa. 

Ricardo Nidd, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, defendió la media sanción en debate y resaltó que "nadie está a favor del aborto. Los que lo condenan se oponen a la legalización, los que estamos a favor de la despenalización estamos en contra del aborto clandestino". Nidd destacó que "frente a la no legalización, el embarazo no deseado se convierte en un embarazo forzoso". "Estamos presenciando un momento cultural, estamos haciendo una deconstrucción de valores que teníamos al hablar del campo de los derechos", respondió Nidd ante la pregunta de la senadora por Mendoza Pamela Verasay, que quiso saber qué iniciativas y cómo se estaba viviendo el actual debate en las universidades nacionales. 

El siguiente orador fue Elías Badalassi, abogado e integrante de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida. El abogado se manifestó en contra del proyecto en debate. Destacó que "en general el derecho a la vida está previsto desde la concepción" y consideró que "el aborto no punible es un permiso legal para matar". 

La anteúltima oradora fue la médica Marina del Pilar Villagra, jefa de servicio de maternidad del Hospital Provincial de Catamarca. La doctora Villagra habló en nombre de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Catamarca, de la que es su vicepresidenta. "Nuestra sociedad apoya el tratamiento y debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo", señaló. Consideramos que en menores de 16 años es necesario el acompañamiento de un mayor de edad para el consentimiento en caso de ser requerida una práctica invasiva y con complicaciones", sostuvo Villagra. 

El doctor Siro de Martini, doctor en ciencias jurídicas de la UCA, dijo que "el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados debe ser rechazado". Consideró que la iniciativa "está demasiado ideologizada". También sostuvo que se trataba de una medida "anticonstitucional". El abogado sostuvo que "el Senado, como órgano legislativo que es, tiene la obligación de proteger por sobre todo el interés superior del niño por nacer desde el momento de su concepción".