04 de septiembre de 2014

SE APROBARON LEYES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

El Senado de la Nación aprobó el paquete de normas de defensa del consumidor que envió el Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Abastecimiento, crear un Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la justicia nacional sobre la materia.

La modificación a la Ley de Abastecimiento obtuvo 38 votos a favor y 27 en contra, al igual que el Observatorio de Precios. La creación del nuevo fuero nacional recibió 53 votos a favor y 11 en contra.

La modificación a la Ley de Abastecimiento busca un "marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo, sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente en la cadena de valor".

Establece que el Ejecutivo podrá intervenir en los "estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles".

La iniciativa excluye de su alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas que no posean posición dominante en el mercado".

El objetivo es "evitar abusos y proteger el bienestar general de la población, garantizándole sus necesidades básicas esenciales".

El Senado de la Nación aprobó el paquete de normas de defensa del consumidor que envió el Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Abastecimiento, crear un Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la justicia nacional sobre la materia.

La modificación a la Ley de Abastecimiento obtuvo 38 votos a favor y 27 en contra, al igual que el Observatorio de Precios. La creación del nuevo fuero nacional recibió 53 votos a favor y 11 en contra.

La modificación a la Ley de Abastecimiento busca un "marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo, sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente en la cadena de valor".

Establece que el Ejecutivo podrá intervenir en los "estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles".

La iniciativa excluye de su alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas que no posean posición dominante en el mercado".

El objetivo es "evitar abusos y proteger el bienestar general de la población, garantizándole sus necesidades básicas esenciales".